Guía básica para un buen divorcio.
Autor: José Luis Utrera.
Esta guía trata los aspectos legales y psicológicos del divorcio con una visión práctica, señalando no sólo lo que dice la ley, sino también cómo se resuelven las cuestiones más habituales en juzgados y tribunales.
Recomendamos su lectura.
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Los otros miembros de la familia deberán también confrontarse a los cambios, a veces echando una mano al cónyuge más desfavorecido, a veces soportando las consecuencias de la separación en sus propias relaciones con los hijos.
Incluso si cada situación es única, la vía del consenso ha demostrado ser la mejor solución para permitir a cada uno de los cónyuges de expresar sus propias reivindicaciones y mantener, a pesar de la separación, una relación fundada en el dialogo y la escucha que beneficie a los hijos comunes.
La evolución de la legislación francesa admite la negociación para encontrar acuerdos que permitan a la familia vivir durante el período de transición y después de la sentencia de divorcio.
Es desde este punto de mira que los abogados franceses comenzaron a interesarse por el derecho colaborativo.
El derecho colaborativo es un nuevo método alternativo de solución de conflictos nacido en la década de los 90 en los Estados Unidos.
Este modo de resolución de conflictos propone un método para encontrar una solución constructiva, a veces diferente de la preconizada o practicada habitualmente ante los tribunales, a cambio de una implicación importante de cada cónyuge en las fases de la negociación.
En la práctica las partes y sus abogados firman un contrato llamado "convenio colaborativo" comprometiéndose a no recurrir a los tribunales, salvo para ratificar un convenio regulador, y a dialogar de forma constructiva para encontrar una solución amistosa.
Después, cada parte establece con su abogado una lista de los desacuerdos que se manifiestan en la organización de la separación y cada uno de estos puntos es abordado en reuniones cuatripartitas.
Los abogados especializados en derecho colaborativo están sometidos a una doble deontología, la propia a la profesión de abogado, y la de la asociación de derecho colaborativo.
Por ejemplo, un abogado que asesora un cliente en el marco de un proceso colaborativo, se compromete a hacerse relevar del caso si alguna de las partes no respeta el "convenio colaborativo".
Igualmente el abogado en derecho colaborativo ha recibido una formación en técnicas de negociación razonada y de escucha activa para acompañar más eficazmente su cliente en la búsqueda de una solución amistosa global.
El carácter específico del derecho colaborativo hace que sea particularmente interesante en los litigios internacionales para evitar los problemas de ejecución de sentencias conciliando varias legislaciones nacionales.
En derecho colaborativo de la familia se practica actualmente en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda… y se implanta progresivamente en Austria, Italia y Suiza.
En Francia la Asociación de expertos de derecho cooperativo, asociación de la que soy miembro, se creó en 2009.
Si desean tener más información sobre este tema:
http://www.droit-collaboratif.org
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Abogados de Valladolid han sumado esfuerzos para poner en marcha en esta provincia un proyecto pionero de mediación familiar en el ámbito judicial, que persigue resolver los conflictos entre las partes de forma «menos costosa, más eficaz y humanitariamente más grato y favorable» evitando en la medida de lo posible las ejecuciones forzosas.
Castilla y León cuenta desde 2006 con una Ley de Mediación Familiar y desde entonces se han sumado al Registro de Mediadores Familiares un total de 168 profesionales (licenciados en Derecho, Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social) que han atendido cuestiones no judiciales relativas al régimen de visitas de los hijos en caso de separaciones, vivienda, pensiones, así como la guarda legal de los hijos. La novedad del convenio firmado ayer entre las tres instituciones es que se plantea la mediación familiar como un mecanismo de derivación al que se puede recurrir una vez iniciado el proceso contencioso o en cualquier fase del litigio, incluida la ejecución de la sentencia. Así lo explico ayer la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Uría, quien destacó que «Valladolid se convierte así en la primera ciudad que se está haciendo mediación familiar sin tener las competencias asumidas», sumándose este programa piloto a la mediación penal, que lleva aplicándose de forma experimental en la provincia desde 2009.
El convenio suscrito contempla la aplicación del programa en los Juzgados de Primera Instancia números 3, 10 y 13 de Valladolid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco y la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Según explicó Uría, el programa, que puede aplicarse «a todos los casos» que llegan a los juzgados siempre que las partes quieran, es especialmente útil «para aquellos supuestos en los que hay una relación que puede permanecer en el tiempo». Para ello será el juez quien apunte a las partes esta posibilidad si antes no lo ha hecho sus abogados y los acuerdos que se alcancen tendrán «valor de sentencia», ya que deberán ser validados por el propio magistrado. Según Uría, el proyecto pretende aligerar la carga de los órganos judiciales e impulsar la denominada justicia restaurativa, «ejes de las políticas del CGPJ. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo, que destacó la importancia del acuerdo suscrito, abogó por el impulso de «una educación cívica» que permita «desjudicializar determinadas materias» para que determinados conflictos como los familiares «se dulcifiquen y no se tomen de manera trágica». En este sentido, el vocal del CGPJ en Castilla y León, Miguel Collado, defendió que la mediación debe formar parte de la justicia, cuya transformación tiene que pasar por la transformación de los procedimientos para que se convierta en una justicia «ágil y moderna».
Para la puesta en marcha de este proyecto piloto la Consejería de Familia aportará 12.000 euros, mientras que el Colegio de Abogados designará los equipos de mediadores y el CGPJ activará los mecanismos necesarios para implantar la mediación en los juzgados y tribunales.
Para difundir y llevar a cabo esta tarea se crearán equipos multidisciplinares compuestos por abogados y licenciados en Psicología o Trabajo Social y deberán estar inscritos en el Registro creado por la Junta.
Esta Directiva facilita el recurso a la mediación como método de solución de conflictos transfronterizos en materias civil y mercantil.
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Por medio de esta Directiva la Comisión fomenta el recurso a la mediación * como medio de solucionar conflictos en asuntos civiles y mercantiles, y de fomentar la solución amistosa de éstos.
La Directiva se aplica a los conflictos transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles, excepto en los ámbito fiscal, aduanero o administrativos, o aquellos en los que interviene la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su poder público. Esta Directiva no se aplica a Dinamarca.
Invitar a las partes a utilizar la mediación para solucionar el conflicto
Tras definir los términos «mediación» * y «mediador» *, la Directiva establece que los Estados miembros den su consentimiento para que los Tribunales sugieran a las partes recurrir a esta modalidad, aunque no podrán obligar a ello. Por otra parte, la mediación no se considera una alternativa a los procedimientos judiciales, sino más bien una de las modalidades de solución de conflictos de que dispone nuestra sociedad.
Ejecución de los acuerdos transaccionales alcanzados gracias a la mediación
Aunque, en general, los acuerdos transaccionales alcanzados por mediación suelen ejecutarse voluntariamente con más facilidad, la Directiva vela por que todos los Estados miembros instauren un procedimiento por el cual, a petición de las partes, el acuerdo pueda ser confirmado por una sentencia, una resolución judicial o un instrumento auténtico de un órgano jurisdiccional o de una autoridad pública.
Este procedimiento permitirá el reconocimiento mutuo y la ejecución de acuerdos transaccionales en toda la Unión Europea, en las mismas condiciones que las establecidas para las sentencias y resoluciones judiciales.
Suspensión de los plazos de prescripción
Con el fin de fomentar mejor el recurso a la mediación, los Estados miembros velarán por que más adelante las partes no tengan dificultades para iniciar un procedimiento judicial o un procedimiento de arbitraje acerca del conflicto con motivo de la expiración de los plazos de prescripción durante el proceso de mediación.
Garantizar la confidencialidad y la calidad de la mediación
En el marco de un procedimiento judicial, ni el mediador ni otras personas implicadas en un proceso de mediación pueden presentar pruebas relacionadas con la información obtenida en una mediación. Esto sólo se admitirá:
Tanto la Comisión como los Estados miembros fomentan la formación de mediadores y la redacción de códigos voluntarios de buena conducta, así como la adhesión a estos códigos por los mediadores y organismos que prestan servicios de mediación.
Contexto
Teniendo en cuenta las respuestas al Libro Verde de 2002 sobre los métodos alternativos de solución de conflictos y a raíz de la elaboración, en octubre de 2004, del Código de conducta (pdf 
| Términos clave del acto |
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| Acto | Entrada en vigor | Plazo de transposición en los Estados miembros | Diario Oficial |
|---|---|---|---|
| Directiva 2008/52/CE [adopción: codecisión COD/2004/0251] | 12.6.2008 | 21.5.2011 (artículo 10: 21.11.2010) | DO L 136 de 24.5.2008 |
Para obtener información complementaria, sírvase consultar los sitios Internet siguientes de la Comisión Europea:
